Equipo Profesional
BUFETE PRADO es un despacho de abogados pluridisciplinar especializado en Derecho Administrativo, Inmobiliario, Civil y Mercantil.
La actividad del Bufete se desarrolla fundamentalmente en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería, centrándose preferentemente en los campos del Derecho Administrativo (ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente, actividades industriales y comerciales, servicios y obras públicas, transportes, aguas, contratación administrativa, expropiaciones y responsabilidad administrativa), Derecho Inmobiliario (contratación inmobiliaria, derecho de la edificación, propiedad horizontal, arrendamientos y derecho hipotecario) y del Derecho Civil (reclamaciones por daños y perjuicios por incumplimiento de contratos, responsabilidad civil extracontractual, ejercicio de acciones declarativas de dominio y reivindicatoria, reclamación de cumplimiento de contratos, procesos en relación con propiedad horizontal) y Derecho Mercantil (asesoramiento jurídico societario general de todo tipo de sociedades mercantiles, negociación y elaboración de documentación societaria, ampliaciones y reducciones de capital, reparto de dividendos, modificaciones estatutarias, ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales, asesoramiento jurídico para Fundaciones y Asociaciones).
En el desarrollo de su actividad destaca el servicio jurídico integral de asistencia a varias Juntas de Compensación (Sector IND 1 "Pago del Marchal" Alhendín (Granada 2006), ARI-DSP-04 “Abengoa” (Sevilla 2009), PS del SUnS-1 “Sureste” Pago de Enmedio (La Rinconada 2009), UE-MOT-13 (Motril-Granada 2009), Sector 10 CR-1 “Croft” (Jerez de la Frontera 2010), Sector SUS-DBP-06 Villanueva del Pítamo (Sevilla 2011), Sector Cáñamo III La Rinconada (Sevilla 2012) y Sector SUS-DMN-03 “San Nicolás Oeste” (Sevilla 2012), a varias Entidades Urbanísticas de Conservación, (Sector URP-RR-10 (Marbella), Sector IND-01 Alhendín (Granada), Sector PP-1 Otura (Granada), Sector Cáñamo III La Rinconada (Sevilla), así como la asistencia y representación jurídica de las asociaciones y entidades vecinales que defendieron la intangibilidad de los Jardines del Prado de San Sebastián.